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El derecho internacional contemporáneo se articula en torno a una jerarquía normativa en cuya cúspide se encuentra el jus cogens, un conjunto de normas imperativas que reflejan los valores fundamentales de la comunidad internacional. Estas normas, como la prohibición del genocidio, la agresión, la tortura y la esclavitud, son aceptadas y reconocidas por la
comunidad de Estados en su conjunto, no admiten acuerdo en contrario y solo pueden ser modificadas por una norma
posterior de igual carácter. Su violación no solo anula cualquier tratado que se les oponga, sino que genera obligaciones erga omnes, es decir, deberes frente a toda la comunidad internacional, permitiendo que cualquier Estado invoque la responsabilidad del infractor.
El concepto de jus cogens no es una creación reciente, sino que posee una profunda raigambre histórica, visible desde la antigüedad y consolidada tras las catástrofes del siglo XX. Su fundamento filosófico es objeto de debate entre corrientes jusnaturalistas, que lo ven como la positivización de principios morales y de justicia preexistentes, y juspositivistas, que lo entienden como una manifestación de la voluntad colectiva superior de los Estados.
La consecuencia más significativa de la violación de una norma de jus cogens es la activación de un régimen de responsabilidad agravada que trasciende la simple separación. Este régimen implica una doble imputación: la
responsabilidad internacional del Estado por el «crimen internacional» y la responsabilidad penal individual de las personas
que actuaron en su nombre por el «crimen de derecho internacional». Instituciones como la Comisión de Derecho
Internacional (CDI) han sido clave en su codificación, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo ha invocado en su jurisprudencia, aunque su eficacia se ve limitada por la soberanía estatal y la falta de mecanismos de ejecución coercitiva.